Las reformas de Gallardón

Fuente: diario de Navarra

       El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado las  reformas que quiere realizar. Una de ellas es la de endurecer la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor. Según se lee en la prensa, su idea es unificar la investigación y el enjuiciamiento de los adultos y los menores que estén implicados en un mismo delito, en los casos de delito grave, sin dejar de velar por los derechos que el menor tiene. Eso implica, para empezar que los juicios de menores dejarán de celebrarse a puerta cerrada, por lo que el derecho del menor a preservar su intimidad difícilmente quedará protegido.

Es cierto que la ley del menor se puede mejorar (todo siempre es susceptible de mejora), pero me consta que es una ley lo suficientemente dura y que ha conseguido también resultados positivos. A finales del año pasado, asistí a  un taller organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de la Illes Balears titulado "Abordaje psicológico y optimizador de menores conflictivos" que impartió Javier Urra, actual psicólogo de la Fiscalía de Menores de Madrid y que en su día fue Defensor del Menor. Urra fue uno de los promotores de dicha ley y durante su exposición nos dio datos muy significativos y que deberían ser tomados en consideración.  Con esta ley, cuya finalidad es la intervención educativa y no sólo la sancionadora, se ha conseguido la reinserción del 70 % de los menores con los que se ha trabajado.   
  

 Endurecer la ley implicaría más menores en régimen de internamiento, pero no reduciría el número de delitos. Urra nos planteó en el seminario que hiciéramos la reflexión que para un adolescente, 5 años de dicha etapa en régimen de internamiento es despojarle de prácticamente la totalidad de su etapa de adolescencia.

Quizás, lo que se debería establecer es la posibilidad de que un experto realice una valoración de la madurez de los menores que cometen un delito muy grave y juzgarlos  como adultos o menores según los resultados del mismo. Lo que es imprescindible es que la reforme se realice seriamente y se fundamente en conocimientos técnicos y  no que se actúe solamente con la intención de acallar la repercusión mediática de casos como los de Sandra Palo, Marta del Castillo o Clara García que, aunque está claro que son muy dolorosos, afortunadamente constituyen casos puntuales.


Por otro lado, aplaudo otra de las reformas que anunció el ministro, la decisión de que se exija el consentimiento paterno a las menores que quieran abortar. Es cierto que las menores que se encuentren en ésta situación tienen derecho a ser escuchadas ya que se trata de una decisión que afecta a su vida de forma vital, pero también es necesario que alguien regule que éste tipo de decisiones no se tomen a la ligera ni por las razones equivocadas, y en primera instancia dicho control es una de las responsabilidades que tienen los padres.  Así lo establece el Código Civil en su artículo 154 que señala que es deber de los padres velar por sus hijos, pero que también añade que si los hijos tuvieran suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten. 

Asimismo, es de admirar que el ministerio apueste por la mediación, que al igual que el co-pago, puede ayudar a que en los juzgados se de prioridad a los asuntos de mayor trascendencia, disminuyendo el exceso de demandas judiciales. Además de iniciar el camino a la educación en la negociación en lugar de continuar en la dañina cultura culpabilizadora en la que siempre hay un ganador y un perdedor.

Finalmente, hacer mención a la propuesta de la prisión permanente y revisable. Los estudios indican que el alargar las condenas no tiene muchos efectos positivos. El coste para la sociedad es enorme. Según he estado estudiando, el coste aproximado de un preso por día en Cataluña es de unos 66 euros, mientras que las medidas alternativas y en beneficio de la comunidad cuestan menos de 4 euros diarios. Además, al permitir al condenado seguir en contacto con la sociedad, con su familia, etc. es más fácil que la reinserción sea viable, mientras que una persona que pasa un largo periodo en prisión, acaba reincidiendo ya que ha quedado impregnado de la cultura propia que emerge dentro de las prisiones y que dificulta el retorno apropiado.